“La Comisión tiene motivos para creer que las empresas en cuestión pueden haber vulnerado las reglas de la Unión Europea que prohíben cárteles y otras prácticas comerciales restrictivas” señalaba un comunicado de la Comisión Europea en referencia a las noticias que han trascendido respecto al inicio de una investigación sobre un presunto pacto de precios de los eBooks por parte de ciertos editores europeos.

La noticia que LecturaLab también publicó ayer en su Twitter surgió cuando en un sitio web francés se informaba sobre una inspección sorpresa a cargo de funcionarios europeos en las oficinas de Albin Michel, en la cual revisaron documentación interna, contratos, teléfonos móviles y computadoras de los ejecutivos de la editorial. Esta operación se ha llevado a cabo también –que se sepa– en Flammarion, Hachette y Gallimard.

Otras informaciones indican que las autoridades británicas de defensa de la competencia han realizado inspecciones similares en editoriales y librerías británicas.

Este movimiento indica una preocupación de las autoridades antimonopolio por el funcionamiento inicial de este nuevo mercado de los eBooks en Europa y se supone que tratan de determinar y castigar acuerdos de precios que son contrarios a la normativa europea.

No se tiene noticia de ninguna inspección similar en España. Según el despacho de la Agencia EFE, el director ejecutivo de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), Antonio Ávila, ha asegurado que ninguna editorial española está siendo investigada por la Comisión Europea y ha relacionado estas inspecciones con el proyecto de ley que se discute en Francia sobre el libro electrónico y la batalla que mantienen desde hace meses los editores franceses y el portal norteamericano Amazon. "Esta es la batalla de fondo", señalaba el director de FGEE a la agencia española de noticias, quien recuerda que en España la legislación contempla que cada editorial puede establecer un precio fijo para sus ediciones en el mercado nacional.

El último punto que menciona Antonio Ávila es muy relevante y anima a una reflexión sobre el sentido de la aplicación diferenciada al libro electrónico de un régimen jurídico que no sólo no se aplica sino que presenta excepciones grandes en el caso del libro impreso.

Este comentario merece una explicación más concreta: hasta hace unos años en Gran Bretaña estaba vigente el Net Prize Book Agreement por el que se establecía una fijación del precio de cada título que toda la cadena del libro respetaba y que venía a ser establecido por el editor. El resultado era que un cliente encontraba un libro siempre al mismo precio con independencia de la librería en la que lo comprase.
Si bien en el caso británico este sistema fue abandonado, en España o Francia la situación es aún mucho más contundente: es la propia legislación la que prohíbe que los libreros ofrezcan los libros con descuentos mayores al cinco por ciento. A esta regulación que otorga al editor la facultad de establecer el precio de venta al público se la denomina sistema de precio fijo o de precio único.

¿Qué sentido se puede dar a este celo en la persecución de prácticas restrictivas de la competencia en el caso de los libros electrónicos? En primera instancia es complicado comprender esta gestión de la Comisión Europea cuando la misma legislación de muchos países miembros establece de iure un mandato para respetar el precio único en toda la cadena.

Sin embargo, se pueden encontrar algunos indicios si se contempla la situación desde el prisma de la dinámica del mercado de los libros electrónicos. En este mercado hay actualmente dos modelos en discusión:
- El primer modelo fue puesto en marcha por Amazon y vino a marcar una línea más o menos uniforme para los precios de los eBooks, sensiblemente inferiores a los precios de los mismos títulos en su versión impresa. El librero impone los precios de venta al público a los editores.
- El segundo modelo fue lanzado por Apple y otorga a los editores con eBooks a la venta en su plataforma iTunes la libertad de establecer los precios que deseen, siempre que le cedan el porcentaje acordado sobre las ventas.

Sería posible proseguir por este hilo de razonamiento, sin embargo, lo que carece de explicación hoy es el fundamento jurídico de una diferente actuación cuando los libros están impresos en papel o se visualizan en una pantalla de cualquier tipo.