El Departamento de Justicia de los EE.UU. (DOJ) ha sido objeto de crítica desde que anunció la presentación de una demanda antimonopolio contra Apple y los cinco grandes grupos editoriales. Sin embargo, muchos expertos consideran que no tenía muchas otras opciones para escoger; incluso si hubieran podido elegir no haber intervenido, esto no habría sido prudente. Un artículo del periodista Thomas Catan, habitual de las filas del periódico estadounidense The Wall Street Journal, recoge algunas opiniones de varios profesores de Derecho de universidades estadounidense en torno a la polémica desatada en torno a este tema en las últimas semanas.
Una de estas opiniones es la del senador por el estado de Nueva York, Charles Schumer, que manifestó su desacuerdo ante la decisión tomada por el DOJ y consideró esta intervención de la División Antimonopolio como una defensa de Amazon y un flaco apoyo a los intereses de los consumidores.
Frente a esta percepción de los hechos, Thomas Catan apunta que la ley antimonopolio en los EE.UU. no tiene por objeto proteger a las pequeñas compañías ante el empuje de las más grandes. Y argumenta que una empresa puede crecer todo lo que quiera, siempre y cuando lo haga con precios bajos, un mejor servicio e innovaciones más ágiles. “Las empresas pueden convertirse en monopolios, siempre y cuando no lo hagan de forma ilegal o intentando sofocar a la competencia”, afirma Catan. Pero lo que esta ley no permite es que compañías que se encuentren bajo la presión de un rival con mayor éxito, decidan aliarse y así proteger sus propios intereses.
Algunos analistas, añade el periodista, justifican la postura de los editores que entraron en conflicto con la ley porque, dicen, actuaban en interés de la industria y por extensión de los lectores.
Por otra parte, según Herbert Hovekamp, profesor de derecho de la Universidad de Iowa, la fijación de precios es una especie de “asesinato en primer grado” porque en su opinión “ellos [Apple y las cinco editoriales] no pueden desentenderse de lo que parece que ha sido un conjunto de hechos, que de ser ciertos, son una de las violaciones antimonopolio más graves”.
Es posible, no obstante, que el gobierno haya mostrado cierta indulgencia, opina Catan. Pues, por un lado, el DOJ cursó la causa por lo civil en vez de por lo penal, de tal manera que ninguno de los implicados irá a la cárcel. Y por otro, aquellos editores que aceptaron el acuerdo de que no impedirían a librerías como Amazon aplicar descuentos, lo hicieron por un período de tiempo relativamente corto, dos años, cuando “las restricciones en este tipo de casos y con esas consecuencias, suelen ser de entre cinco y diez años”, apostilla el periodista.
Los cinco editores y Apple han negado haber actuado mal, y el DOJ todavía tiene que probar el caso en los tribunales. Tres de las editoriales que decidieron llegar a un acuerdo, dicen haberlo aceptado para evitar que se alarguen los litigios. Por su parte, Macmillan, uno de los editores que sigue adelante con la lucha, opina que llegar a un acuerdo permitiría a Amazon “recuperar la posición de monopolio que había estado construyendo”. Amazon por su parte manifiesta su satisfacción por la demanda, a la que considera “como una gran victoria para los propietarios de un Kindle” e incluso añade que parece posible que más adelante se puedan bajar más los precios de los libros para este dispositivo. El DOJ se niega a hacer comentarios al respecto.
Amazon popularizó los libros electrónicos con la aparición de Kindle en 2007 y sus grandes descuentos. Los editores no vieron bien desde un principio que el gigante editorial vendiese best sellers a 9,99 dólares, ya que hacía muy difícil que ellos pudieran vender sus libros de tapa dura a precios más altos. Aunque si se mira por el lado del lector las cosas cambian ya que “Amazon puede ser perjudicial para los editores pero hasta ahora ha sido beneficioso para los consumidores”, según explica Spencer Waller, profesor de derecho en la Universidad Loyola de Chicago.
Cuando Apple introdujo su iPad en 2010, los editores y la empresa de Steve Jobs cambiaron el sistema. En este momento el precio de los best sellers aumentó hasta los 15 dólares y a Amazon se le prohibió hacer ningún descuento. En su favor, los editores explicaron cómo esta medida era buena para los consumidores porque permitía que otros vendedores de libros, como Barnes & Noble permanecieran en el mercado.
Pero la ley se ocupa de defender la competencia, no a los competidores, señalan algunos expertos: “El objetivo de la política antimonopolio es proteger los precios para el consumidor, no proteger empresas ineficientes para que mantengan su permanencia en el mercado”, puntualiza el profesor Hovenkamp.
Los libros no son como cualquier otro producto, añaden los críticos. Son fundamentales para la cultura y la civilización y si los editores no pueden conseguir un beneficio decente, los bienes públicos se encuentran amenazados. Los editores podrían pedir al Congreso, sugiere Catan, que los libros quedasen exentos de la necesidad de competir. Ya existe el caso de industrias como la de ferrocarriles y seguros que han asegurado exenciones antimonopolio, añade el periodista.
Andrew Gavil, profesor de Derecho de la Universidad de Howard, opina que, en todo caso, lo que no se puede hacer es adecuar la regulación en beneficio propio. “La gente valora los libros, ¡por cierto, eso puede resultar más rentable para nosotros [editoriales]!” –dice. Quizá haya un buen propósito en el deseo de mantener el funcionamiento del mercado del libro, pero también hay un afán de lucro evidente, concluye Gavil.
Para finalizar, Thomas Catan opina que aun en el caso de que los editores busquen una razonable exención, no estaría claro que los legisladores estuvieran de acuerdo con que los consumidores pagasen más por los libros electrónicos con el fin de salvar a las editoriales y a las librerías.
