Los consumidores austriacos podrían verse obligados a pagar a los titulares de los derechos sobre servicios y contenidos disponibles en la nube, tales como Dropbox o Google Drive. Esta posibilidad, promovida por el grupo de titulares de derechos IG Autoren, está chocando con la oposición manifiesta de varias empresas tecnológicas y compañías que operan en internet.
De la polémica se hace eco en Gigaom el periodista especializado en tecnología Janko Roettgers, en un una breve nota que reseña la propuesta formulada por IG Autoren; este grupo aludía en ella a la necesidad de ampliar la cobertura de las tasas que gravan los soportes de almacenamiento.
En Austria, los consumidores pagan impuestos sobre los CD y DVD vírgenes. La pretensión de los titulares de derechos es que se trate de igual modo la compra de discos duros y otros tipos de medios de almacenamiento, incluyendo en esta consideración los espacios virtuales, es decir, servicios y contenidos disponibles en la nube.
Sobre la fuerte controversia que ha generado esta proposición, el articulista comenta que la oposición más explícita la ha encontrado en una plataforma integrada por compañías productoras de contenidos y servicios digitales del que forman parte firmas como Apple, Nokia y Sony. Según argumenta esta coalición, establecer gravámenes de este tipo supondría implantar una doble imposición tributaria a los consumidores, que ya pagan por sus medios de comunicación. Afirma además que la medida perjudicaría las empresas locales que trabajan en el sector.
Por su parte, los titulares de derechos señalan el ejemplo de Alemania, donde ya está en vigor este tipo de impuesto. En ese país, la compra de un ordenador está gravada con algo más de trece euros, y con entre siete y nueve en el caso de los discos duros externos. Sin embargo –anota Roettgers– lo cierto es que hoy los consumidores no soportan tarifa alguna por los servicios de almacenamiento en la nube.
En lo que se refiere a España, las reglas de la política tributaria para el “espacio de la nube” están por concretar, si bien lo previsto es que tomen forma a través de la reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual que compete a la dirección general de Política e Industrias Culturales y del Libro dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.
Si se ha avanzado, aunque sin acuerdo entre las partes, en la definición del modelo retributivo de compensación para las entidades de gestión de derechos de autor, que viene a sustituir al caduco y muy polémico canon digital. La sección cultural del diario El País publicó el 7 de diciembre de 2012 un artículo en el que se explican los parámetros esenciales en los que se enmarca este modelo, regulado por un real decreto que, en palabras de Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno, “establece unos principios técnicos que determinan quiénes son los beneficiarios, con cuánto se les compensará y cómo, qué porcentajes se destinarán a los soportes audiovisuales, libros y discos”.
Para los contribuyentes, la novedad principal respecto del modelo anterior, que gravaba al comprador de dispositivos electrónico potencialmente utilizables para duplicar contenidos protegidos por propiedad intelectual, es que la compensación (es decir, el impuesto) será asumida a partir de ahora por todos los contribuyentes, con un cuantía global fijada en los Presupuestos Generales del Estado, y que a nivel individual supondrá una cantidad que el periódico calcula en once céntimos por habitante.
Este panorama no satisface en absoluto a ninguna de las ocho compañías que gestionan derechos de autor (CEDRO, SGAE, VEGAP, DAMA, AGEDI, AIE, AISGE y EGEDA). De hecho, en una iniciativa promovida por la primera, han cursado una denuncia ante la Unión Europea alegando que el nuevo sistema resulta inadecuado y perjudicial para los titulares de derechos. Esta postura la fundamentan estas compañías en que -según ellas- durante las negociaciones mantenidas con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en los meses previos, sobre el montante anual que se repartiría entre ellas se barajaron cifras en torno a los cuarenta millones de euros, muy superiores a los cinco millones que finamente pretende recaudar el Gobierno.
