La función que asumen las bibliotecas penitenciarias de los Estados Unidos es un ejemplo de la misión democratizadora a la que, en términos de acceso a la información, debe contribuir la biblioteca pública. El servicio que ofrecen es además una oportunidad para gente que, en muchos casos, muestra verdadero interés por mejorar su estancia y su situación en la cárcel y no quiere limitarse a esperar por un juicio o una sentencia.
Así se desprende de la detallada radiografía que presenta el periodista Stephen M. Lilienthal en un artículo publicado en Library Journal, que no solo recala en la perspectiva bibliotecaria del servicio sino que la conecta con las particularidades concretas y muy específicas del contexto social en el que se desempeña.
Según datos de la Oficina de Estadísticas de Justicia, más de un millón y medio de personas se encontraban en cárceles federales o estatales en 2011. A esta población hay que sumar la de las cárceles de ciudad y del condado, con altos niveles de ocupación. Se trata de individuos que, en su mayoría, regresan a sus comunidades tras una temporada breve de encarcelamiento.
En este sentido, los módulos bibliotecarios instalados en las prisiones pueden desempeñar una labor de vital importancia que no se limita a prestar libros, sino que pasa por el desarrollo de programas y servicios innovadores –los talleres de trabajo son una pieza fundamental de este engranaje– que ayudan a internos y ex convictos a conocer oportunidades de empleo y a desarrollar habilidades para la búsqueda de una ocupación profesional.
Los servicios que ofrecen –como defiende Daniel Marcou, bibliotecario implicado– promueven además cambios de actitud positivos en aquellos que regresan a sus comunidades, algo muy valorable desde la perspectiva de la seguridad ciudadana y de la propia estabilidad de la colectividad.
Lilienthal hace notar que los poderes públicos tienen claro que la política penitenciaria necesita de un enfoque más eficaz para bajar las tasas de reincidencia y reducir, en paralelo, el coste de las medidas correctoras y de los mecanismos de protección de la seguridad pública. Las bibliotecas de estos centros –subraya–, junto con la extensión de este tipo de servicios a otros espacios como los centros de acogida de ex delincuentes, son elementos imprescindibles para afrontar el reto.
