La Comisión de Cultura del Congreso ha dado luz verde al Proyecto de Ley Reguladora de la Biblioteca Nacional de España (BNE) que, entre otras cosas pretende "crear unos instrumentos de gestión más ágiles, que permitan a la Biblioteca Nacional de España cumplir su función como centro fundamental de la cultura española".
El texto, que será remitido al Senado, fue aprobado el miércoles 26 de noviembre con el apoyo del PP, PSOE, CIU, PNV y la abstención de UPyD e Izquierda Plural. El informe de la ponencia ha sido publicado en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales el 1 de diciembre de 2014.
El Preámbulo del proyecto de Ley señala que "la Biblioteca Nacional de España debe hoy, y en el futuro, seguir cumpliendo su misión específica en un contexto de cambio tecnológico y de innovación permanente, adaptándose a un entorno en el que se han producido cambios radicales en la forma de crear, editar, difundir y acceder a la cultura, lo que ha generado nuevas formas de almacenamiento, conservación y transmisión del saber en un mundo donde prevalecen los contenidos y no los soportes".
También expresa que "la aparición del nuevo paradigma informático digital que supone internet o la información distribuida a través de las redes ha ampliado el desfase entre modelos de información basados en lo tangible y una gestión rigurosa y eficiente de lo intangible, del conocimiento que solo existe en las redes y que se encuentra en continuo cambio y transformación".
Por eso los informadores consideran que es "incuestionable" la necesidad de crear "unos instrumentos de gestión más ágiles", que permitan a la Biblioteca creada en 1711 por Felipe V, como Real Biblioteca Pública, cumplir su función "como centro fundamental de la cultura española".
También contempla la necesidad de "reforzar su liderazgo como la primera institución bibliotecaria del Estado español a través de su colaboración en la puesta en marcha de políticas bibliotecarias y del desarrollo normativo necesario para la ejecución de proyectos de cooperación, que supongan una mejora para el sistema bibliotecario español y fomenten su participación en proyectos nacionales e internacionales".
El informe añade que este contexto "hace aconsejable la promulgación de una Ley, que le permita enfrentarse a los nuevos retos, para seguir proporcionando un servicio de calidad a la comunidad de investigadores y a la sociedad en general".
Según ha informado la Biblioteca Nacional en su página
web, la Comisión aprobó por unanimidad una enmienda transaccional suscrita por todos los grupos que modifica el artículo tres de la norma para que se incluya la alusión explícita al patrimonio generado por las "diferentes culturas" del Estado Español.
La diputada Beatriz Rodríguez-Salmones (GP) afirmó que se trata de una ley que servirá para dar el oxígeno a la Biblioteca Nacional del España que se le ha dado al Museo del Prado y al Museo Reina Sofía con sus respectivas leyes reguladoras”. La diputada Águeda Fumero (GP) destacó que con este nuevo marco jurídico la BNE tendrá una "gestión más ágil" de sus recursos así como "nuevas vías de financiación" que harán que no dependa de "manera exclusiva" de los Presupuestos Generales del Estado.
Federico Buyolo (GS), aunque se mostró a favor de sacar adelante la ley, ha afirmado que a su juicio se "queda corta" aunque espera que este nuevo régimen jurídico sea un "instrumento que otorgue mayor capacidad de desarrollo" a la institución.
La diputada Angelina Costa manifestó que éste es un proyecto importante aunque lamenta que "podía haber ido a más". A su juicio, esta ley "se ha quedado corta" y tal y como ha añadido el grupo socialista esperaba "más ambición". Según precisó, "no basta que su estructura se asemeje al Reina Sofía o al Museo del Prado, puesto que se trata de "organismos distintos" y su "capacidad" para captar recursos es "diferente". Los socialistas han subrayado además la necesidad de terminar con el "régimen de contratas y subcontratas" de la Biblioteca.
La redacción del Informe sobre el Proyecto de Ley reguladora de la Biblioteca Nacional de España ha estado a cargo de los diputados Beatriz Rodríguez-Salmones (GP); María Ascensión Figueres (GP); Águeda Fumero (GP); Angelina Costa (GS); Federico Buyolo (GS); Montserrat Surroca (GC-CiU); Ascensión de las Heras (GIP); Antonio Cantó (GUPyD); Joseba Agirretxea (GV-EAJ-PNV) y Ana María Oramas (GMx).