Siguen produciéndose novedades en relación con la vista programada para el próximo tres de junio de 2013 del litigio sobre fijación de precios de libros electrónicos, que sentará en el banquillo a Apple. Al respecto, según informa Andrew Albanese a través de Publishers Weekly, el juez encargado del caso ha manifestado que confía en que el gobierno será capaz de demostrar la culpabilidad de Apple en la acusación que se le hace de concertar una subida de los precios de libros electrónicos con otras editoriales violando las leyes de la competencia.
Estas manifestaciones, prosigue Albanesse, las hizo el juez Cote en el marco de una sesión preliminar celebrada hace unos días en Manhattan para tratar diversas mociones relativas a los peritos, listas de testigos y otros asuntos de la vista, en la que el abogado DoJ Mark Ryan le pidió al juez que compartiera su impresión inicial sobre el caso.
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Algunas agencias han calificado estas declaraciones del juez como "un golpe" a Apple, y como cabría esperar –apostilla Albanesse– los abogados de esta empresa han salido rápidamente al paso manifestando estar "muy en desacuerdo" con las aseveraciones del juez Cote.
Según Christopher Sagers, profesor de derecho sobre defensa de la competencia de la Universidad Estatal de Cleveland, que ha seguido de cerca el caso, opina que "Apple va a tener que demostrar que los hechos alegados por el gobierno no son correctos, porque si el Gobierno demuestra lo que se alega en el juicio, Apple seguramente pierda".
Sagers, según recoge Albanesse, dijo que personalmente ve el caso del gobierno como "muy, muy fuerte", basado en una serie de documentos y testimonios directos, incluyendo correos electrónicos y declaraciones de todos los altos ejecutivos de las seis grandes editoriales, así como Apple.
El articulista destaca que toda la atención de los fiscales del caso se centra ahora en Apple, una vez que Penguin anunciara recientemente su acuerdo con los Estados americanos y las oficinas de consumidores, por el que deberá pagar 75 millones dólares y del que se dio cuenta Lectura Lab. Aunque, apunta Albanesse, el montante final que tendrá que abonar podría superar los noventa millones una vez añadidos los honorarios y otras costas del proceso.