La revista semanal estadounidense The New Yorker dedica un artículo al cierre de Google News en España como consecuencia de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que contempla que los editores perciban una compensación económica por parte de agregadores y buscadores de internet cuando reproduzcan sus contenidos.

 

Bajo el título "Spain versus the internet", la periodista Vauhini Vara reseña los antecedentes de demandas de medios de comunicación de otros países contra Google.

 

Por ejemplo, un grupo de periódicos de Bélgica y la agencia de noticias France Presse llegaron a acuerdos en 2007 y en 2012 respectivamente cuando Google había expandido su influencia a todo el mundo, tras las acciones legales iniciadas por los medios casi una década antes. Los detalles financieros de las ofertas no trascendieron, pero según Vara todas las partes se mostraron satisfechas con el resultado, y la lucha desapareció de los titulares, especialmente en los EE.UU.

 

No obstante, en los círculos editoriales europeos, surgió la pregunta acerca de la posible ilegalidad de que compañías de internet reimprimieran textos, incluso en pequeñas cantidades, creados por otros.

 

El año pasado, Alemania tras prohibirlo, decidió –a petición de los propios editores que habían visto caer las visitas a sus sitios– permitir que Google News y otros agregadores publicaran fragmentos de texto extraídos de artículos de otras publicaciones.

 

Vara señala que, en España, "bajo la presión de las editoriales", el Gobierno "ha ido aún más lejos", de manera que los agregadores deberán pagar por cualquier servicio que utilice pasajes de sus artículos. (Una organización de gestión manejaría las transferencias de cuotas.) La periodista añade que si las empresas no cobran por este acceso, "se enfrentan a una multa de cerca de setecientos cincuenta mil dólares".

 

La periodista subraya que la idea que está tras la ley es que los agregadores no deberían poder mostrar las noticias, incluso pequeños fragmentos, sin compensar a los editores que han hecho el trabajo. A su juicio, tal vez lo más importante, es que Google News no enlazará a las noticias a menos que los editores lo soliciten.

 

En su opinión las implicaciones de la ley podrían ir más allá de la cuestión de si Google News es bueno o malo para los editores. La cuestión es que la ley preocupa a los defensores de la libertad en internet, ya que parece encajar en un patrón más amplio, en Europa, de acciones gubernamentales que atentan contra lo que se conoce a veces como el "derecho a enlazar".

 

Asimismo se refiere a una declaraciones de Jeremy Malcolm, un analista de políticas en la Electronic Freedom Foundation, para quien "poder enlazar es fundamental en la forma en que funciona la web".

 

La periodista reseña que en un post en el sitio web de la EFF, Malcolm se mostró preocupado por el precedente que podría establecer la ley española.