La Justicia norteamericana y la Unión Europea están coordinando las investigaciones para determinar si las cinco grandes editoriales internacionales y Apple se han puesto de acuerdo para fijar el precio de los libros electrónicos. A ambos lados del atlántico están siendo indagadas las mismas empresas y según informa Laura Hazard Owen en Paid Content, la Unión Europea está abierta a un acuerdo con el Departamento de Justicia norteamericano.

 

En diciembre de 2011 el departamento de Competencia de la Unión Europea, que dirige el español Joaquín Almunia, puso en marcha una investigación contra las divisiones en el Reino Unido de Hachette Livre (francesa), HarperCollins y Simon & Schuster (norteamericanas), Penguin y Macmillan (británicas) y su socio Apple por presunta violación de las reglas del mercado europeo.

Por su parte, el Departamento de Justicia de los EE.UU. la semana pasada amenazó a los cinco grandes y a Apple con demandarlos por presunta conspiración para fijar los precios de los libros electrónicos.

 

 

 

 

La investigación iniciada por la Comisión Europea, según anunció en su día la portavoz de Almunia, Amelia Torres, pretende averiguar "si esas editoriales y Apple han  concluido acuerdos o han llevado a cabo prácticas con el objetivo o el efecto de limitar  la competencia y de fijar el precio de los libros electrónicos a un nivel elevado en Europa".

 

El ejecutivo comunitario aseguró que daría prioridad a esta investigación por su incidencia en el mercado digital de contenidos, una de las áreas con más proyección en Europa y que se ve limitada por la diferencia entre las leyes de los estados miembros y las dificultades en el acceso a esos contenidos. Hasta ahora en España el precio de los eBooks los fija el editor y las tiendas no tienen la opción de variarlo.

 

Si bien la investigación no tiene por qué finalizar con la condena de las compañías investigadas, la Comisión tiene potestad para imponer multas millonarias a las empresas que violen la libre competencia y en el caso de ser halladas culpables, deberían pagar hasta el diez por ciento de sus ingresos anuales y modificar su modelo de negocio.