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Uno de los argumentos más reiterados desde el campo de las bibliotecas para justificar la gratuidad del servicio de préstamo, y que está respaldado por las afirmaciones de buena parte de sus usuarios, es el que otorga a este servicio la cualidad de inducir a la compra de libros.
Sin embargo, hay gente que piensa que esta circunstancia, sin duda deseable, no va a producirse en el caso del libro electrónico. Se dice que para la mayoría de la gente, tener en propiedad un nuevo archivo digital (un ebook) no tiene el mismo valor ni atractivo que ser dueño de un libro impreso; por otro lado, el préstamo de libros electrónicos ofrece al usuario una disponibilidad prácticamente inmediata y en cualquier momento (24 horas al día, 7 días a la semana); estos factores confieren al préstamo de ebooks ventajas evidentes respecto a la opción de compra. Si a ello se une el hecho de que se trata de un material con un índice prácticamente nulo de pérdida o desgaste, algo que supone una necesidad de reposición (es decir, de compra) mínima por parte de la biblioteca, el panorama resultante para los titulares de derechos –autores y editores– es poco alentador.
.gif) Esta es la consideración que se hacen los responsables de la división estadounidense de la editorial HarperCollins, la cual ha decidido modificar su política de ventas de libros electrónicos a las bibliotecas. La modificación esencial consistiría en limitar el número de préstamos que la biblioteca puede realizar de cada ebook adquirido, de modo que una vez agotado el cupo –que se cifra en 26 préstamos– necesitaría volver a pagar por el material. Tomando como referencia de cálculo un tiempo medio de préstamo de dos semanas, el editor estima que ese cupo permitiría a la biblioteca prestar el libro durante un año, y considerando un precio de entre 10 y 20 dólares por libro, el algoritmo arrojaría un coste medio para la biblioteca de entre 40 y 80 centavos por préstamo.
Algo que, según Martin Taylor, autor de un polémico artículo de reflexión al respecto del asunto le parece una suma asumible. Según Taylor, director fundador del Foro de la Edición Digital y especialista reconocido en el campo de la tecnología aplicada al sector editorial, la medida adoptada por Harper supone un planteamiento coherente con el escenario que ofrece la realidad a corto plazo del libro electrónico. Los bibliotecarios, en opinión del analista, necesitan cambiar su tradicional forma de pensar para no poner en riesgo toda la cadena de valor del libro e, incluso, la propia supervivencia de las bibliotecas. Se trataría de encontrar un modelo global de funcionamiento que compagine el papel de servicio público y difusión cultural que corresponde a las bibliotecas con el legítimo interés comercial de autores, editores y libreros, entre otros agentes implicados. Y ello pasaría, según el autor, por arbitrar fórmulas que compensen la previsible rebaja de ingresos de estos agentes motivada por el muy probable éxito del préstamo gratuito de ebooks.
Esta es una argumentación nacida desde la perpectiva del sector editorial pero alejada de la ética y de la visión del mundo de las bibliotecas. El artículo enuncia y valora media docena de medidas posibles. Entre ellas, considera improbable que esa compensación se realice por la vía de la financiación administrativa -a través de impuestos- en un momento en que el erario público está recortando sensiblemente las asignaciones al sector bibliotecario. Esta realidad constatada tendría su expresión más drástica en otra de las acciones factibles: la reducción drástica de las instalaciones y el personal de las bibliotecas, puesto que unas pocas bibliotecas digitales podrían dar servicio a todo un país sin mermar la posibilidad de acceso a los libros para los ciudadanos.
La opción finalmente sugerida por el autor es la de establecer una política de cobro por el préstamo, considerando determinados grupos de usuarios y/o determinados tipos de libros electrónicos. Esta medía, opina, podría generar además ingresos extra que permitieran pagar precios justos por los ebooks, así como reducir el impacto negativo en las ventas del sector minorista al acortar la diferencia de costes entre la opción de coger un libro en préstamo y la de comprarlo.
A pesar del enfoque que Taylor otorga al problema, lo cierto es que la cosa no debe ser tan evidente para todo el mundo porque esta medida de HarperCollins ha puesto en pie de guerra a los bibliotecarios, hasta el punto de promover una campaña de boicoteo a los títulos del sello editorial. No cabe duda de que este es un momento complicado porque coinciden los recortes en el gasto público con la revolución en el mundo del libro.
La gran transformación que arrastra la inmersión en lo digital puede generar un conflicto general de intereses y de éticas diferentes en el que el ecosistema de la lectura puede llegar a vivir una temporada no breve hasta que las piezas se vuelvan a ajustar. Incluso el propio Taylor considera imprescindible que todo el mundo esté dispuesto a dar un paso fuera de su “zona de confort” si no queremos desperdiciar la gran oportunidad que los ebook representan.
Complicada tesitura, en cualquier caso, la que este asunto plantea a los profesionales implicados, y que por su criticidad debe ser abordada con talante cooperativo y con disposición para hacer algunas renuncias. Las transacciones a las que se pueda llegar no deberían limitar o menoscabar el derecho de todos a la lectura y a la equidad en el acceso a los libros.
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