Deborah Caldwell-Stone, subdirectora de la oficina de la American Library Association (ALA) para la libertad intelectual, ha publicado un artículo en American Libraries en el que advierte del riesgo que supone el préstamo de material digital, en lo referente a los derechos de privacidad de los usuarios de bibliotecas. En su reflexión recomienda ir despacio y con paso firme a la hora de adoptar este nuevo servicio.

Todas las alarmas saltaron cuando se hizo público el acuerdo entre OverDrive y Amazon, según el cual los usuarios de Kindle podrían tomar prestados libros a través de las bibliotecas públicas. Aunque en un principio parecía una buena idea, más tarde usuarios y personal bibliotecario pudieron comprobar cómo este acuerdo tenía ciertas condiciones que no se ajustaban a la política de privacidad que se sigue en las bibliotecas públicas.

Como ejemplo del intervencionismo de Amazon y de los riesgos que ello conlleva, Caldwell-Stone pone de ejemplo el caso de un usuario de Kindle al que se le está acabando el plazo de préstamo; y cómo en esta situación Amazon comienza a enviarle mensajes a su dispositivo en los que le invita a comprar el libro. En caso de haber superado el plazo establecido, la compañía procedería a devolver el libro que el lector había escogido de la biblioteca, junto con las anotaciones y los textos destacados por su lector.

Esto pone de manifiesto, explica Deborah Caldwell-Stone, la capacidad de Amazon para disponer de datos y guardar mucha información de los usuarios de las bibliotecas, con fines comerciales.

Los bibliotecarios, comenta Caldwell-Stone, teniendo en cuenta las leyes de confidencialidad, las políticas de privacidad de la biblioteca y el compromiso de preservación de la privacidad de los usuarios de la biblioteca, se movilizaron rápidamente ante este riesgo anunciado. Para ello lanzaron avisos en sus plataformas de eBooks en los que se informaba a los usuarios de Kindle de que al utilizar este dispositivo se les enviaba a una plataforma ajena a la de la biblioteca -la de Amazon- la cual no cuenta con las mismas políticas de privacidad. Este aviso permite por lo menos, añade esta especialista, informar y dar la oportunidad a los usuarios de elegir si quieren compartir o no su información personal.

En palabras de Deborah Caldwell-Stone, la distribución de contenido digital según se plantea no sólo pone en riesgo la privacidad del usuario, sino que facilita la censura y pone en peligro el acceso a ciertos materiales. “Proveedores y editores se reservan el derecho, porque pueden, de modificar o borrar los libros electrónicos o cualquier otro contenido digital […] pueden suprimir o alterar los textos por cualquier razón, incluso alegando que su acción es para evitar contenido polémico” -advierte.

Todo ello pone de manifiesto, continúa en su artículo la directiva de la ALA, que los modelos actuales de préstamo de libros electrónicos no son compatibles con la misión fundamental de las bibliotecas de facilitar el acceso a los libros sin tener en cuenta la economía del usuario o su estatus social. Según argumenta la bibliotecaria “el uso de contenido digital requiere tener en propiedad un dispositivo caro, un acceso a internet de banda ancha de confianza y a menudo una tarjeta de crédito".

En todo caso, en esta carrera hacia lo digital, Caldwell-Stone sugiere ir despacio, identificar los métodos y procesos que aseguren que los valores fundamentales se respetan y se protegen, y emprender una serie de acciones:

• Realizar un examen exhaustivo de la tecnología, plataformas y acuerdos que controlan el suministro del contenido digital para identificar aspectos problemáticos e informar de los cambios en la política y práctica de la biblioteca.
• Elaborar directrices profesionales, herramientas y preguntas frecuentes para ayudar al personal bibliotecario a evaluar los convenios de los proveedores y elaborar y proponer acuerdos alternativos para proteger los derechos de los usuarios.
• Comprometerse a proteger los derechos de los usuarios al concertar acuerdos con los proveedores.
• Trabajar en conjunto con los proveedores para asegurar que los valores profesionales están integrados en las tecnologías y plataformas que ofrecen contenidos digitales para los usuarios de las bibliotecas.
• Trabajar con los legisladores, reguladores y usuarios de las bibliotecas para asegurarse de que las leyes contra la censura y aquellas que preservan la privacidad del lector, se aplican plenamente a los contenidos digitales.