The Culture, Media and Sport Committee (CMS) recomienda no seguir adelante con la decisión del gobierno británico de transferir el control del Public Lending Right (PLR) a la Biblioteca Británica. Según lo expuesto por este comité, los pagos a los escritores por los préstamos bibliotecarios regulados por esta ley desde hace treinta años, no deberían ser gestionados por una institución como la Biblioteca Británica.

En 2010 el gobierno británico ya propuso la abolición de este derecho y el traslado de sus funciones a la Biblioteca Británica, informa Joshua Farrington en un artículo publicado en The Bookseller. Un año más tarde, se realizó una consulta sobre esta propuesta y casi la totalidad de los consultados consideraron que este cambio podría perjudicar la eficiencia del PLR.

A pesar de esta respuesta, en marzo de este año el gobierno llegó a la conclusión de que el cuerpo del PLR definitivamente se incorporaría a la Biblioteca Británica si acaba aprobándolo el Parlamento de este país. Pero, según ha manifestado el diputado conservador John Whittingdale, este comité sigue pensando que esta Biblioteca no es la organización adecuada para realizar la función del PLR.

Esta ley lleva en funcionamiento treinta años, comenta Farrington y en virtud de ella se han pagado durante todo este tiempo más de cuarenta y cuatro millones de euros a cincuenta mil escritores y en 2013 la previsión es que se pagarán unos siete millones de euros a unos veintitrés mil autores.