Vender libros electrónicos en Europa es una tarea muy complicada debido principalmente a los diversos tipos de impuestos que se aplican en los distintos países. Estas políticas y unos precios exorbitantes hacen muy difícil que las escuelas y las universidades se decidan a ofrecer textos electrónicos a sus estudiantes o que puedan construir una biblioteca digital en condiciones. El periodista Michael Kozlowski realiza una comparativa en un artículo publicado en GoodeReader entre la situación de los libros electrónicos y los sistemas educativos de Norteamérica y la Unión Europea.

El 1 de enero de 2015 la Comisión Europea dictaminó que los impuestos a los libros electrónicos se aplicarían en función de dónde se encontrase el comprador y no el vendedor. Con esta nueva ley se da la paradoja de que en un país como el Reino Unido los libros electrónicos tienen un IVA del 20 por ciento mientras que los libros impresos no tienen ninguno.

Cada país europeo –informa el periodista– cuenta con tipo distinto de impuesto según el libro sea digital o electrónico. Esto hace que las escuelas, colegios y universidades tengan serias dificultades para invertir en ebooks y libros de texto electrónicos de forma significativa.

En Norteamérica –explica Kozlowski– la situación es completamente distinta, ya que las escuelas cuentan con infinidad de ofertas y la inversión en contenidos digitales les supone un ahorro importante. Según un informe realizado por distintas empresas distribuidoras que colaboran con la FCC [Comisión Federal de Comunicaciones] la educación en un formato tradicional en el que se incluyen libros de texto en papel cuesta algo más de tres mil ochocientos dólares por estudiante al año. Sin embargo, en un entorno de aprendizaje digital, en el que se incluyen libros de textos electrónicos, dispositivos y una adecuada conectividad, el precio estimado por estudiante al año sería de unos tres mil seiscientos dólares.

Por lo tanto –concluye– las escuelas, los colegios, las universidades y las bibliotecas deberían estar exentos del pago del IVA con el fin de incentivar la inversión en contenidos digitales y permitir que los estudiantes puedan comprar, leer y estudiar en sus dispositivos. En su opinión, sería mucho más sencillo si los gobiernos fueran los encargados coordinar algún tipo de exención del IVA, ya que todo sería mucho más satisfactorio y beneficioso para los sistemas educativos europeos y supondría un empuje para la aparición de nuevas empresas vinculadas con la educación.