Aspectos de la medida referentes a esa compensación económica, que ha tenido enorme repercusión en todos los medios, como por ejemplo en la prensa escrita (entre otros El País; El Mundo; ABC; El economista; Expansión; o El diario), fueron aclarados durante una reunión informativa en la Secretaría de Estado de Cultura celebrada el viernes 15 de febrero de 2014.

 

Uno de los sectores más afectados por los cambios en la ley es el los editores de textos para la enseñanza, ya que la reforma de la ley prevé la excepción educativa. Esto significa que en la investigación y la enseñanza reglada, tanto virtual (por ejemplo los MOOC) como presencial, se consentirá la utilización gratuita y sin permiso previo de pequeños fragmentos. Citas más grandes tampoco requerirán autorización, pero los autores deberán ser remunerados equitativamente a través entidades de gestión de derechos como CEDRO para los textos o VEGAP, para las imágenes.

 

En cuanto a los agregadores de contenidos como Google o Yahoo! la ley prevé que no tendrán que pedir permiso, siempre que se trate de “fragmentos no significativos” (de una cierta brevedad, se entiende), pero sí tendrán que ofrecer a cambio una “remuneración equitativa por el uso”.

 

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, que compareció junto con la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, mencionó “elementos informativos, de entretenimiento y de formación de opinión [es decir, del género periodístico de las columnas]".

 

En tanto, los motores de búsqueda (como Bing o Google) no están obligados a que pedir permiso para enlazar contenidos, ni a de pagar por ellos, pues se entiende que solo prestan una “intermediación técnica” y en ningún caso llevan a cabo una “labor activa y no neutral”.

 

Esta reforma de la ley, que pretende atacar la piratería, contará con la reforma del Código Penal, que prevé hasta seis años de cárcel a las webs de enlaces que no alojan contenidos sujetos a derechos de autor pero que señalan el camino a otras que los ofrezcan con fines lucrativos.

 

También los jueces podrán imponer multas de hasta 300.000 euros contra los infractores y sancionar a las empresas que se anuncien en esas páginas. Igualmente podrán ser bloqueados los enlaces.