El Reino Unido acaba de proponer unas medidas para acabar con la piratería a gran escala. Una de ellas es aumentar la pena de dos años cárcel, que se aplicaba hasta ahora, a los diez años.

Esta política va dirigida principalmente a los distribuidores de contenido pirateado y no al usuario medio que elimine el DRM de un libro o entre en la página web The Pirate Bay, explica Michael Kozlowski un artículo publicado en The GoodeReader.

También tiene en su punto de mira las operaciones de piratería a gran escala, aquellas que alojan el contenido y o bien lo ofrecen de forma gratuita o por el pago de una suscripción mensual.

La baronesa Lucy Neville-Rolfe, ministra de propiedad intelectual del Reino Unido, asegura que el gobierno se toma muy en serio todos los delitos que vayan contra los derechos de autor. La industria creativa supone más de siete mil millones de libras, unos diez mil millones de euros, del total de la economía del país, por lo que es necesario proteger a las empresas de los ataques –asegura. Está convencida de que con el endurecimiento de las penas no solo se ofrecerá una mayor protección a las compañías, sino que se enviará un mensaje claro que disuada a los delincuentes.