Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea obliga a Google y al resto de buscadores a aplicar el “derecho al olvido”. De esta manera, todos ellos están obligados a eliminar aquellos links a una información que solicite un usuario por considerarla inadecuada o irrelevante.

Todo empezó, tal y como informa Selena Larson en un artículo publicado en ReadWrite, hace tres años cuando la Agencia de Protección de Datos de España ordenó a Google que retirase enlaces de búsqueda de más de noventa personas. Algo a lo que la empresa se negó.

Esta decisión que ha tomado el Tribunal de Justicia no significa que el usuario puede exigir que se elimine cualquier enlace, sino solo aquellos que vulneren la privacidad. Este ha sido el caso de Mario Costeja, quien denunció al buscador la aparición de unos datos sobre un embargo, algo que ya se había solucionado.

Los ciudadanos, continúa Larson, pueden tener un mayor control de sus datos, pero hay un gran diferencia entre los datos privados y personales que un usuario puede compartir con sus amigos en una red social como Facebook y aquellos registros públicos que aparecen en un periódico u otro medio online.

En el caso de Google –finaliza el artículo– el buscador solo estaría obligado a quitar los enlaces que dirigen a la información, pero no cuenta con ningún poder, para eliminar la información en sí misma.